El Colectivo Defensores de Tlalpan integrado por representantes de las comunidades de la demarcación acudieron a las oficinas de la Alcaldía para realizar formal denuncia hacia la administración de Alfa González, actual candidata a alcaldesa del PRI, PAN y PRD, quien busca la reelección, y de su gobierno interino por presunta corrupción y desvío de recursos.
“Desde el Colectivo Defensores de Tlalpan, con profundo respeto hacia nuestra comunidad y sus valores, nos vemos en la necesidad de alzar la voz frente a las múltiples y graves irregularidades observadas durante la gestión de Alfa González y su gobierno interino. Nuestra intención es arrojar luz sobre problemas que, lejos de ser aislados, representan una tendencia preocupante de mala gestión y falta de responsabilidad.”
“La asignación de contratos millonarios a un puñado de empresas, sin seguir procedimientos transparentes, evidencia una gestión deficiente y posiblemente corrupta de los recursos destinados al mejoramiento de la comunidad”, explicaron en el oficio entregado.
Detallaron que su denuncia es una llamada de acción contra la mala gestión, no sólo de recursos, sino de personal que lidera la alcaldía debido a que al menos dos de sus directivos acumulan denuncias e inhabilitaciones por parte de la Contraloría de la Ciudad de México.
Ejemplificaron con el caso de Yuritzi Contreras Fuentes, Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, quien continuaba presentándose a eventos públicos en escuelas y parques y cobrando su salario de 82 mil pesos mensuales pese a ser inhabilitada por un periodo de seis meses el 14 de abril de 2023 como se detalla en el expediente OIC/TLA/D/0001/2022 de la Contraloría de la CDMX.
A pesar de que ciudadanos pidieron la separación del cargo, el Director General de Asuntos Jurídicos en Tlalpan, Aurelio Alfredo Reyes García argumentó en su momento que la dejó continuar al frente debido a que la falta “no era grave”, aunque nunca se hicieron públicas las razones de la sanción.
En 2021, el mismo Aurelio Alfredo Reyes García aprobó la adquisición de 18 equipos de cómputo por 359 mil 909 pesos; cada computadora tuvo un costo unitario de 19 mil 994 pesos, un 35 por ciento más caro que con otros proveedores, además de que el contrato, con folio AT-2021-17-ADQ, se realizó como adjudicación directa a Lesly Antonio Rodríguez García.
Cabe destacar que cuando Aurelio Alfredo Reyes García fue alcalde de Iztacalco utilizó 12 millones de pesos para realizar una fuente en el edificio sede de la alcaldía la cual nunca fue inaugurada, lo que le costó a la administración de Armando Quintero otros 2 millones en remodelarla y dejarla funcional, a los que se suma la investigación de desvío de 120 millones de pesos en cheques entregados a dirigentes del PRD en su administración.
El colectivo de tlalpaneses también señaló a Héctor Hugo Hernández Rodríguez, ex alcalde de Tlalpan, quien fue inhabilitado por un año el 29 de marzo de 2019, después de que el Órgano Interno de Control de la alcaldía declaró que la validez de un registro de construcción no cumplía con los requisitos necesarios.
Un reporte de la Contraloría local de CDMX reveló que, en 2022, la alcaldía que gobernaba Alfa González incurrió en el probable desfalco de casi 800 mil pesos mediante la realización de pagos injustificados y anomalías en el manejo de recursos destinados a beneficiarios de programas sociales como Activando Tlalpan y Desarrollo Forestal Sustentable, en los que el órgano auditor solicita sean reintegrados, por irregularidades detectadas.
Los pobladores presentaron acusaciones de compras a sobreprecio en flotillas de vehículos, calentadores solares y productos para servicio de cafetería, acumulando un total de 245 observaciones por parte de la Contraloría de la CDMX.
A esta denuncia se suma el reciente caso de un camión tipo vactor que fue encontrado en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía de la alcaldía Venustiano Carranza realizando trabajos de desazolve, lo que puede incurrir en desvío de recursos, caso que ya fue presentado en el Congreso de la Ciudad de México desde donde legisladores solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.