GINEBRA (9 de diciembre de 2021) – “Los dos últimos años han demostrado, de manera muy dolorosa, el costo inaceptable que entraña el aumento de la desigualdad. Una desigualdad que la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 73 años, el 10 de diciembre de 1948, ha tratado de erradicar en su esfuerzo por allanar el camino hacia un mundo mejor.
En los decenios transcurridos desde entonces se han alcanzado progresos significativos -adelantos graduales, desiguales, con frecuentes retrocesos, pero progresos al fin y al cabo-. El mundo en su conjunto se volvió más próspero y aumentó la longevidad de la población.
Creció el número de niños escolarizados y más mujeres pudieron alcanzar un mayor grado de autonomía. Más personas en más países tuvieron más oportunidades para romper las cadenas de la pobreza, la clase social, la casta y el género.
Pero en los últimos veinte años, desde 2001, una serie de crisis mundiales han socavado esos progresos. Y la propagación de esta devastadora pandemia en 2020 ha puesto al descubierto nuestra incapacidad de consolidar los adelantos que habíamos alcanzado.
Las desigualdades agravaron los efectos de la pandemia y lo siguen haciendo. A su vez, la pandemia ha inducido un terrible aumento de la desigualdad, lo que ha desembocado en tasas desproporcionadas de transmisión y mortalidad en las comunidades más marginadas, y ha agravado los niveles de pobreza, ha aumentado el hambre y ha reducido drásticamente los niveles de vida. A su vez, estos fenómenos podrían alimentar el resentimiento, los disturbios sociales e incluso los conflictos armados.
Entre los grupos de población más afectados por estas tendencias, figuran las mujeres, los trabajadores informales y los de bajos ingresos, los jóvenes y los ancianos, así como los miembros de minorías étnicas, raciales y religiosas, y los pueblos indígenas, lo que, a su vez, genera aún más desigualdades por motivo de edad, género y raza.
Las desigualdades se han acentuado tanto dentro de los países como entre unas naciones y otras; así, mientras se espera que las economías más avanzadas vuelvan a crecer en 2022, se calcula que los países de bajos ingresos seguirán en recesión, lo que hará que sus pueblos queden aún más rezagados.
Estas disparidades se han visto agravadas por flagrantes divergencias en la cobertura vacunal -el 1 de diciembre pasado, en las familias de bajos ingresos apenas el 8% de los adultos había recibido la primera dosis de la vacuna, en comparación en el 65% en los países de altos ingresos- así como por las deficiencias en materia de protección social, que en el mundo desarrollado mantuvo a flote a las personas durante los peores meses de la crisis. En Europa, por ejemplo, según el FMI, al menos 54 millones de empleos recibieron apoyo oficial entre marzo y octubre de 2020, lo que evitó la quiebra de muchas empresas y personas. Asistencias de este tipo han estado mucho menos disponibles en otras regiones.
La crisis medioambiental se agrava por la discriminación, la marginación y la desigualdad. En 2020 se registró un total de 389 desastres vinculados al cambio climático, que causaron más de 15.000 muertes, afectaron a 98 millones de personas e infligieron daños económicos por valor de 171 mil millones de dólares estadounidenses. La migración vinculada al cambio climático también va en aumento. Las medidas orientadas a tratar estas crisis no han sido suficientes para evitar sus consecuencias devastadoras en términos de derechos humanos y las comunidades damnificadas suelen verse marginadas del proceso de toma de decisiones en materia de medio ambiente, precisamente ahí donde su aporte sería fundamental.
La crisis de la deuda va en aumento y ejerce gran presión sobre numerosos países. En el mundo entero, más de la mitad de los países menos adelantados y de bajos ingresos se encuentran ya gravemente endeudados o están a punto de estarlo. En África Oriental y Meridional, el costo del servicio de la deuda aumentó, en promedio, del 60% del PIB en 2018 al 70% en 2021. Este incremento se debió en parte a la súbita contracción de la actividad económica y a la caída de los precios de las materias primas. La necesidad de pagar el servicio de la deuda ha generado ya medidas de austeridad que limitarán el margen fiscal para inversiones esenciales en asuntos de derechos y en recuperación sostenible.
Los presupuestos basados en la austeridad suelen afectar a los sectores de educación y salud pública, las inversiones de infraestructura y los esfuerzos encaminados a reducir la pobreza. Esos presupuestos ejercen una repercusión desmedida sobre los grupos de población más vulnerables, con lo que incrementan las situaciones de desigualdad que ya eran muy severas.
Nos hallamos en una etapa crítica de los asuntos mundiales. La humanidad padece las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y se esfuerza por hacer realidad los cambios radicales necesarios para prevenir nuevos desastres medioambientales.
Las medidas indispensables para evitar un cambio climático catastrófico ya son bien conocidas. Incluso en los contextos donde los recursos son escasos, disponemos del conocimiento y los medios para implantar medidas universales de protección social y emprender las acciones necesarias para erradicar la discriminación, fomentar el Estado de Derecho y defender los derechos humanos.
En el programa “Nuestra Agenda Común”, presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas en septiembre de 2021, se insta a renovar la solidaridad entre los pueblos y con las generaciones futuras; a crear un nuevo contrato social fundamentado en los derechos humanos; a gestionar mejor los asuntos relativos a la paz, el desarrollo, la salud y el planeta; y a revitalizar el multilateralismo para hacer frente a los desafíos contemporáneos.
Esta es una agenda orientada a la acción y una agenda de derechos.
A fin de llevar a cabo este programa es preciso pasar de las medidas provisionales adoptadas durante la pandemia para apuntalar sistemas sanitarios y salvar empleos, a realizar inversiones a largo plazo en dispositivos generales de protección social -comprendida la cobertura de salud universal- así como en vivienda adecuada, trabajo decente y acceso a la educación de calidad. También es preciso invertir en medidas que nos permitan salvar la brecha digital.
Asimismo, sería necesario adoptar medidas enérgicas para defender la justicia climática y el derecho humano universal a un medio ambiente saludable.
Además, tendríamos que empoderar a la gente, en cualquier lugar del mundo, para que pudieran expresarse libremente y proteger el espacio cívico, de manera que las personas puedan participar de manera significativa en la adopción de decisiones que podrían tener una repercusión drástica sobre sus vidas.
La igualdad es fundamental para los derechos humanos y está en el eje mismo de las soluciones necesarias para que podamos superar este periodo de crisis mundial. Eso no quiere decir que todos debamos tener el mismo aspecto, pensar igual o proceder de la misma manera.
Más bien, todo lo contrario.
Significa que debemos asumir nuestra diversidad y exigir que todos seamos tratados de la misma manera, sin discriminación alguna.
La igualdad es cuestión de empatía y solidaridad, y también es cuestión de comprender que, en tanto que miembros de una sola humanidad, nuestro único modo de avanzar es trabajando juntos por el bien común. Este concepto se comprendió perfectamente en los años de reconstrucción posteriores a la Segunda Guerra Mundial -los años en los que se redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos y se elaboró el sistema general de derecho internacional de los derechos humanos. Pero nuestro fracaso en reconstruir para mejorar tras la crisis financiera de la década pasada, unido a los trastornos sociales y económicos causados por la COVID-19 y las repercusiones cada vez más onerosas del cambio climático, indican que hemos olvidado la probada eficacia de las soluciones basadas en los derechos humanos y la importancia de abordar las desigualdades. Soluciones que debemos replantear si queremos mantener el progreso, no solo en beneficio de quienes padecen las enormes desigualdades que afligen a nuestro planeta, sino también en aras de nuestro bienestar común.
En este Día de los Derechos Humanos, les invito a todos a que aunemos esfuerzos para fomentar la igualdad para todos y en cualquier lugar, de modo que logremos recuperarnos de esta crisis de una manera más justa y más ecológica, y podamos construir sociedades más resilientes y sostenibles”.