Leonardo Juárez R.
El director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Adelfo Regino Montes, manifestó que “la Reforma Indígena es la base para el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público y para hacer eficaz su libre determinación y autonomía, las autoridades y representantes comunitarios de Guerrero y Baja California Sur, manifestaron su respaldo a la iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”.
Informó, con la participación de dos mil 519 autoridades municipales y agrarias, representantes populares y servidores públicos del gobierno federal, se desarrollaron Asambleas Regionales de Seguimiento en Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Tlapa de Comonfort y Ometepec, estado de Guerrero; así como en La Paz, Baja California Sur. Diputadas y diputados federales y locales, electos y en funciones por diversos distritos, manifestaron su respaldo a la iniciativa de reforma y se comprometieron a impulsarla desde la legislatura local y en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Regino Montes, señaló “elevar los derechos colectivos de los pueblos a rango constitucional En Ayutla de los Libres, es un paso tan importante que dio este municipio que elige a sus autoridades por ‘Usos y Costumbres’, mediante la Asamblea General Comunitaria, en donde se expresa la voluntad del pueblo”.
En presencia de los representantes del Consejo General Comunitario de este municipio histórico, Longino Julio Hernández Campos, Patricia Ramírez Bazán y Raymundo Nava Ventura, destacó el esfuerzo que se ha hecho para reconocer la libre determinación y autonomía, como está consagrado en el derecho internacional. “Queremos llevar este ejemplo de transformación a lo largo y ancho del territorio nacional, para que los derechos colectivos de nuestros pueblos y comunidades indígenas sean una realidad en la Constitución”.
Resaltó la participación del gobernador de Guerrero Héctor Antonio Astudillo Flores, quien instaló la Asamblea de Seguimiento, quien en su intervención enfatizó el régimen de usos y costumbres, como es el caso de Ayutla, y la necesidad de integrar en la ley mecanismos para que las autoridades indígenas cuenten con mayores facultades.
Refirió, “esta es una gran oportunidad, hoy en todo el país se escucha la voz de los pueblos indígenas y afromexicano, es importante garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres indígenas y propuso que se establezca mayor inversión para pueblos y comunidades en materia de desarrollo social”.
Mientras a nombre del Consejo General Comunitario de Ayutla de los Libres, la coordinadora de la zona mestiza Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, comentó que este municipio ha sido punta de lanza y con su participación se han ganado diversas luchas históricas. “Hoy se hace una contribución para que las personas gocen de los derechos que nos han sido negados; debemos apoyar la reforma por nuestros hijos, padres, abuelos y por toda la gente que ha luchado”.
Aceptó, hay mucho interés en el cambio y la reforma, y agregó “Ayutla ha liberado no solo a su pueblo, sino a todo el país”.
En la asamblea realizada en Chilpancingo, el antropólogo Comunitario y miembro del Comité Técnico de Expertos de la Reforma, Marcos Matías Alonso recordó que en los últimos 15 años México ha firmado diversos tratados internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana, cuyos contenidos, junto con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se deben armonizar en las leyes de los países firmantes.
Señaló, la propuesta de reforma contempla 15 artículos, y que por primera vez en la Constitución Política se está planteando el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público con plena personalidad jurídica, otro artículo de gran importancia es el de los Sistemas Normativos Indígenas, por lo que la iniciativa cuenta con una propuesta de vanguardia relativa a los sistemas de gobierno indígenas, policías comunitarias, seguridad, justicia y otros.
Subrayó, “el artículo 27 se ha considerado intocable desde que fue modificado en el sexenio de Salinas de Gortari, donde se mercantilizó la tierra, los territorios, agua y recursos naturales. Ahora se está planteando cambiar ese enfoque y aplicar lo establecido en el convenio 169 de la OIT, que sean reconocidos los territorios indígenas como un hábitat de todo lo que existe en su jurisdicción”.
En tanto el diputado federal por el distrito de Ayutla Rubén Cayetano García, en la mesa de Chilpancingo, consideró que el proyecto de iniciativa requiere de todo el respaldo de las comunidades para llegar al proceso legislativo.
Defendió la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano a rango constitucional, para que los presupuestos se destinen de forma equitativa a las comunidades que han permanecido excluidas de las leyes y nunca han recibido recursos públicos de manera directa, como se plantea a partir de este gobierno. “Tenemos que lograr una reforma constitucional emanada legítimamente de los foros de consulta que se hicieron por todo el país”.
Afirmó, esta propuesta se puede nutrir con el respaldo de las firmas de los representantes, pueblos y comunidades para alcanzar el carácter de iniciativa popular preferente.