- Esta reforma constitucional impulsa un sistema digital y garantizará el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, Martí Batres.
Ante la emergencia coyuntural causada por la pandemia de Covid-19, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron una modificación a la Constitución para asegurar el acceso a la justicia, a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.
Se adicionó un cuarto párrafo al artículo 17, a efecto de establecer que, para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, el Poder Judicial de la Federación, y el de las entidades federativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los Tribunales Agrarios, Tribunales Laborales, Tribunales Electorales y Tribunales Administrativos de la Federación, y de los estados, deberán implementar sistemas de justicia digital.
Para lograr este objetivo él senador Martí Batres especificó, que se usarán tecnologías de información y comunicación, a efecto de tramitar en línea los juicios en todas sus etapas, así como la consulta e integración de expedientes electrónicos, en los términos de lo dispuesto por la ley.
Asimismo, se establece que ley deberá contemplar las diligencias y procesos, que por su naturaleza, tengan que ser presenciales para garantizar una adecuada impartición de justicia.
En los artículos transitorios, las comisiones dictaminadoras, presididas por Martí Batres Guadarrama y Ana Lilia Rivera Rivera, incluyeron que el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días, a partir de la publicación de este proyecto de decreto, para reformar la legislación secundaria para hacer posible la implementación y materialización de la presente reforma de manera progresiva.
Además, se señala que los congresos locales contarán con 180 días para la emisión, modificación o adición de la legislación secundaria que haga posible la implementación y materialización progresiva de esta reforma, a nivel estatal.
La Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito federal y sus equivalentes en las entidades federativas, deberán considerar los recursos presupuestales necesarios para la implementación progresiva de la justicia digital, se precisa.
En el dictamen se señala que las nuevas tecnologías de la información y comunicación representan una oportunidad para facilitar el acceso de todas las personas a los procedimientos judiciales.
Expone que la emergencia sanitaria obliga a avanzar, seriamente, en la creación de un sistema racional de Justicia Digital. Sin embargo, aclara que incluir en el mandato constitucional este tipo de medidas no impone un estándar excesivo a las autoridades judiciales, sino que ayuda a consolidar los avances en esta materia y asegurar una sana evolución de sistemas jurisdiccionales basados en dichas tecnologías.