Por Reginaldo Flores Sandoval
Diputado federal y Coordinador de la bancada del PT
La urgencia de poner en orden el sistema de pensiones y jubilaciones tal como lo conocemos en la actualidad en México, obedece a que estamos a un pizco de ver la realidad de las primeras generaciones de jubilados pobres, que no lo fueron siendo trabajadores en activo.
Anteriormente hablé de que el principio de la meritocracia convenció a las grandes masas de que cada quien viviría el retiro de su vida laboral conforme al esfuerzo realizado, lo que concentró la vida productiva en el hiperindividualismo y se olvidaron del criterio distributivo solidario.
El sistema pensionario no podía quedarse al margen de la invasión neoliberal. La pobreza jubilatoria es otro de los rasgos de este sistema. Para demostrar esa proposición, se elaboró un ejercicio que utiliza un cotizante promedio para México. El cálculo de la pensión se finca en el algoritmo matemático que respalda la calculadora de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Los datos que la alimentaron son los que reporta la propia Consar y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
El salario base de cotización promedio que reporta el IMSS para el mes de febrero de 2020 es de 11,886 pesos. Es obvio que este trabajador representativo no es un pobre, en la medida en que su ingreso supera con creces las líneas del bienestar, tanto rural como urbana, que sirve como umbral para separar a las personas que son, y no son, pobres por ingreso. Sin embargo, en virtud del carácter eminentemente informal del mercado, el promedio de cotización de un trabajador es de 291 semanas, equivalentes a una densidad de 50.1%. Si este estadístico es aplicado a nuestro trabajador medio; y, además, sujetamos el monto acumulable al cumplir los 65 años a las variables que reporta Consar: rendimiento histórico promedio; comisión actual que cobran las Afores; la cuota social que aporta el gobierno mexicano, así como el ahorro voluntario promedio, el resultado arroja un saldo final de 143,901 pesos. Es obvio que la cantidad de semanas cotizadas para ser acreedor a una pensión (1250 semanas) no son alcanzadas.
Pero supongamos que la autoridad hace caso omiso de este requisito y le suministra una pensión hipotética, con base en el monto final acumulado. La pensión sería de 675 pesos: menos de la tercera parte de la línea de bienestar rural; y alrededor de un quinto de la urbana.
Antes de adelantar conclusiones, seamos realistas. Este cotizante no tendrá derecho a pensión; es decir, se le otorgará una negativa de pensión, a causa de que no alcanzó el periodo de cotización requerido. En este caso, la Administradora de Fondos de Inversión para el Retiro (Afore), institución privada que administra las cuentas individuales, le entregará en una sola exhibición el saldo final. A los 65 años, un mexicano tiene una esperanza de vida de 18.2 años, equivalentes a 218.4 meses. Al dividir el monto final entre esta cantidad, el monto que mensualmente puede dedicar este cotizante a su manutención será de 658.9 pesos; similar al que aportaría la pensión hipotética.
El mensaje es inequívoco: bajo cualquier escenario (el hipotético y el real) el trabajador promedio incurrirá gravemente en la pobreza, sin haberlo sido durante su vida laboral. Y esto no describe realmente la realidad de los trabajadores mexicanos. El trabajador en cuestión refleja un salario promedio, que oculta la enorme dispersión salarial. La mayoría de los trabajadores ganan mucho menos que esa cantidad. En la medida en que mientras más grande sea el ingreso, mayor será la probabilidad de laborar en la economía informal, también es más probable que la densidad de cotización de los ingresos inferiores al trabajador representativo sea menor.