Por José Cruz Delgado
- *Al igual que Silvano, Raymundo Arreola se ha pronunciado por una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal
Ahora sucede que millones de mexicanos que no están de acuerdo con el Imperio son de derecha, conservadores y bravucones, el señor Mario Delgado se equivoca, no son diez gobernadores los que no están de acuerdo con la política fiscal y económica, hay diputados y alcaldes, como el de Nueva Italia, Michoacán, Raymundo Arreola Ortega, que desde hace mucho ha venido diciendo que es necesario una reforma fiscal hacendaria.
Arreola Ortega ha planteado reformar la Ley de Coordinación Fiscal para que las entidades federativas y los municipios puedan tener acceso a un mayor número de recursos económicos y se ha pronunciado abiertamente porque se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, porque “sería la única manera que tienen los gobiernos locales para atender añejas demandas de la población, así como aquellas que la sociedad nos plantea día con día”.
Desde hace tiempo, un grupo de gobernadores, entre ellos el de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, además de alcaldes como Raymundo Arreola Ortega, han venido solicitando que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal porque ha perdido vigencia y de esa manera las entidades federativas y los municipios puedan tener acceso a un mayor número de recursos económicos.
Arreola Ortega se pronunció abiertamente porque se reforme la Ley de Coordinación Fiscal al precisar que esa sería la única manera que tienen los gobiernos locales para atender añejas demandas de la población, así como aquellas que la sociedad plantea día con día.
Bueno, pues para Silvano este Pacto Fiscal reflejado en la Ley de coordinación Fiscal ha perdido su vigencia, se ha vuelto obsoleto.
¿Esto en términos sencillos qué significa?, que de cada peso que recauda o cobra la hacienda federal le regresa a los estados y municipios 20 centavos, es decir, de cada 100 pesos, el gobierno central se queda con 80 y regresa a los estados y municipios 20 pesos, de allí los estados se queden con una parte y la otra parte se traslada a los gobiernos municipales que, lógicamente, son insuficientes para prestar los servicios que demandan los ciudadanos.
Silvano ha sostenido que ninguna entidad con carencias, como es el caso de Michoacán, puede impulsar un desarrollo sostenido con una coordinación fiscal que favorece al gobierno central al quedarse con 80 centavos de cada peso que se recauda, el resto los 20 centavos que sobran son insuficientes para estados y municipios.
Imagínese, desde hace más de 40 años se encuentra obsoleta por cuanto a la situación actual del país, estados y municipios, por ello se ha planteado que al reconfigurarse la fórmula de recaudación los gobiernos tanto municipales como estatales tendrían un mejor panorama económico.
El edil del municipio de Múgica, se pronunció a favor de la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, y en contra de los recortes presupuestales por parte de la Federación.
“Nos urge tener recursos que nos alcancen para resolver problemas que vayan encaminados a salud, educación, porque no nos alcanzan, necesitamos revolver problemas de agua potable y alcantarillado y la única forma de hacerlo en este tema legislativo es modificar la Ley de Coordinación Fiscal a nivel nacional”, dijo Arreola Ortega en su momento.
Mire usted, el alcalde de Múgica, Raymundo destacó que esta redistribución de la riqueza nacional a los ayuntamientos es insuficiente para que estos puedan solventar de una mejor manera esta titánica responsabilidad de garantizar derechos humanos como agua potable accesible y suficiente, seguridad pública, tránsito, alimentación, salubridad y otros rubros.
Y es que tiene razón, pues en el caso de Múgica (Nueva Italia), se cuenta con una gran vocación agrícola, ganadera y comercial, principalmente, generando, como muchos otros municipios del país, una gran riqueza al Estado Mexicano a través del pago de contribuciones federales por estas actividades económicas, de las cuales única y exclusivamente regresan un porcentaje menos de lo que sus habitantes contribuyen al gasto nacional, ya que el porcentaje de las participaciones federales que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal, como base para cada una de las entidades federativas de la República Mexicana, como la recaudación federal participable es baja y únicamente se destina una quinta parte para los municipios y como consecuencia de lo anterior, se va generando un déficit presupuestal que merma significativamente la capacidad de operación de los ayuntamientos, como en este caso de Nueva Italia.
Tanto el alcalde como el gobernador Aureoles Conejo han coincidido y han insistido siempre en la necesidad de modificar la Ley de Coordinación Fiscal, sin embargo, a los legisladores parece importarles muy poco.
Silvano fue firme al decir: “No voy a descansar hasta que un día lleguemos a un nuevo esquema de distribución de la hacienda pública y que eso será a través de una Nueva Convención Nacional Hacendaria y de un nuevo pacto fiscal, de una nueva Ley de Coordinación Fiscal y una nueva fórmula que sea equitativa para todas y para todos los mexicanos”.
Y es que, efectivamente, ninguno de los gobiernos federales en turno ha querido aventarse el paquete y realizar los cambios urgentes que se requieren para fortalecer a los estados y a los municipios, por el contrario, diría el perredista, las autoridades federales empiezan a descalificar las propuestas, con falsos argumentos en contra de los gobernantes, a quienes acusan de endeudar y hacer mal uso de los recursos públicos.
“Actualmente México suma una deuda pública de 12 billones y medio de pesos, que corresponden al 53 por ciento del Producto Interno Bruto del país, ya sumados los 500 mil millones de pesos de deuda del actual Gobierno de la República, mientras que Michoacán tiene una deuda de 29 mil millones de pesos que sólo equivalen al 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto, entonces ¿quién no ha aplicado y utilizado bien el dinero?”, cuestiona Silvano Aureoles.
Es muy lamentable que pasen los años y los gobiernos federales han transferido responsabilidades a los estados y municipios para la atención de seguridad pública, salud y educación, sin cambiar la fórmula de distribución de los recursos, en la que el Gobierno de la República se queda con el 80 por ciento de la recaudación, mientras que el 20 por ciento se distribuye a las administraciones de los estados y los municipios.
Es urgente que los legisladores y el presidente atiendan el llamado del gobierno michoacano, para que juntos, con los gobiernos estatales y municipales y especialistas participen y se logre la tan anhelada Convención Nacional Hacendaria, que refleje lo que realmente somos: Una República y se le dé la fuerza y los instrumentos que requiere un verdadero federalismo.