El próximo Presidente de México recibirá 108 mil 248 pesos como
remuneración mensual: AMLO
• López Obrador anuncia 50 lineamientos generales para el combate a la
corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana
en el gobierno
Ciudad de México, 15 de julio de 2018.- Andrés Manuel López Obrador
dio a conocer que según datos oficiales actualmente Enrique Peña Nieto
percibe 270 mil pesos mensuales en total y con la modificación que
hará el gobierno entrante, el nuevo Presidente de México recibirá 108
mil 248 pesos como remuneración mensual, a partir de diciembre del año
en curso.
El virtual ganador de las elecciones para la Presidencia de México
indicó que recibirá el 40 por ciento de lo que recibe actualmente Peña
Nieto y cumple con el compromiso de que iba a ganar menos de la mitad
de lo que gana actualmente Peña.
Aclaró que tenía la intensión de bajar un poco más su salario, pero
como ese será el techo, habrá funcionarios que están ahora trabajando
en universidades, empresas ganan esa cantidad, y aunque tienen
dimensión social, saben que es una gran oportunidad participar en la
cuarta transformación de México tomó en cuenta esto, lo mismo por los
ministros, diputados y senadores.
“Entonces si yo bajaba más mi sueldo, se iba a resentir más, o sea,
que soy moderado, no soy radical”, comentó.
López Obrador indicó que se romperá el molde en la que se hacia la
política tradicional, ese fue el mandato del pueblo en cuanto a la
elección del primero de julio y en el ajuste de sueldos de los altos
funcionarios públicos es a partir de quienes reciben más de un millón
de pesos o más al año o quienes reciben 3, 4 millones al año hasta un
millón.
Expuso que quienes ganan menos de un millón de pesos no estarán en el
ajuste, porque son trabajadores de nivel medio y abajo, en vez de
bajar el sueldo, se aumentará, se cumplirá el compromiso que hizo que
se bajará el sueldo de los de arriba para aumentar el sueldo de los de
abajo.
En conferencia de prensa, López Obrador anunció 50 lineamientos
generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una
política de austeridad republicana en el gobierno, para que se aplique
lo que decía el presidente Benito Juárez que el funcionario aprenda a
vivir en la justa medianía:
1. Se reformará el Artículo 108 de la Constitución para agregar que el
Presidente de la República en funciones puede ser juzgado por delitos
de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción.
2. Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios
públicos.
3. Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de
influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y
particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de
combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades;
las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo
fianza.
4. La Fiscalía General contará, en los hechos, con absoluta autonomía;
no recibirá consigna del Presidente de la República y sus prácticas se
apegarán al principio del derecho liberal, según el cual, “al margen
de la ley nada y por encima de la ley nadie”.
5. La Fiscalía Electoral estará encargada de garantizar que las
elecciones sean limpias y libres; a evitar la compra del voto, la
coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes para
favorecer a partidos o candidatos y castigar cualquier tipo de fraude
electoral. Su distintivo será la imparcialidad y su misión la de
establecer en México una auténtica democracia.
6. La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que
tanto ha dañado a México y no permitir bajo ninguna consideración, el
predominio de la impunidad. El mandato que recibimos del pueblo en las
elecciones del 1º de julio de 2018, consistió, básicamente, en
confiarnos la apremiante tarea de acabar con la corrupción y la
impunidad.
La Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con absoluta libertad y
castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza,
tratase de quien se trate, incluidos compañeros de lucha,
funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez, por la casa empieza.
7. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes
patrimoniales; así como la de sus familiares cercanos y será publica y
transparente en todos los casos.
8. El Presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que
recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de
compensaciones.
9. No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios.
10. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.
11. No habrá más de cinco asesores por secretaría.
12. Solo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes.
13. No habrá bonos ni otras canonjías, el salario será integral, según
la Constitución que a la letra dice: “Se considera remuneración o
retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo
dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos,
estímulos comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción
de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.”
14. Se limitarán los viáticos al mínimo.
15. No habrá partida para gastos médicos privados.
16. No habrá caja de ahorro especial; es decir, dejará de existir la
partida conocida como “seguro de separación individualizada”.
17. No se viajará al extranjero sin autorización del secretario y la
partida se reducirá al mínimo.
18. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado
para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.
19. Nadie tendrá guardaespaldas, solo los encargados de la seguridad.
20. Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados
(oficialías mayores, oficinas de prensa, publicaciones, defensorías
jurídicas, compras, contraloría interna y otras) y estas funciones o
programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación,
dependiente de la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión.
21. Se reduce toda la estructura de confianza en un 70 por ciento de
personal y del gasto de operación.
22. Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad
de quienes ganan más de un millón de pesos anuales, de manera
progresiva; pero lo ahorrado debe significar el 50 por ciento del
gasto actual.
23. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Se venderá
la flotilla de aviones y helicópteros. Solo quedarán los destinados a
la seguridad, la protección civil y los que se ocupen para enfermos.
24. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República.
25. No se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos
particulares.
26. No podrá contratarse a familiares.
27. Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y,
cuando menos, 8 horas diarias.
28. No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni tomar en
las oficinas públicas.
29. Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno.
30. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, de Energía y de
otras dependencias, no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos
deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes,
proveedores o inversionistas vinculados a la función pública.
31. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a
trabajadores al servicio del Estado, si no lo tiene permitido o no
cuenta con autorización para ello.
32. Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar
calles, detener el tráfico o pasarse los altos o estacionarse en
lugares prohibidos.
33. No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes
públicos en cantidad suficiente.
34. No se remodelarán oficinas, ni se comprará mobiliario de lujo.
35. Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios.
36. Los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán
al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación.
37. El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la
Secretaría de la Defensa y se ocupará de tareas de protección de
espacios públicos, instalaciones estratégicas y de la seguridad de los
mexicanos.
38. La residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del
Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la
cultura.
39. Desaparecerán las partidas para vestuario o cualquier gasto de
protocolo y ceremonial dedicado al Presidente, a sus colaboradores
cercanos y a familiares.
40. Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que
afecte el derecho a la privacidad de las personas; el sistema de
inteligencia del gobierno estará sólo dedicado a la prevención de
delitos y al combate a la delincuencia.
41. Se cuidarán los bienes de la oficina a disposición de servidores
públicos para proteger el patrimonio colectivo.
42. Se evitarán gastos de oficinas innecesarios y se ahorrará energía
eléctrica, agua, servicios telefónicos, de internet, gasolinas y otros
insumos pagados por el erario.
43. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas
públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son
los mandantes de los servidores públicos.
44. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada; mediante
convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de
transparencia de la ONU.
45. Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo mediante
licitación pública, con la participación de ciudadanos y de
observadores de la ONU.
46. No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados o
senadores. Se acabará la vergonzosa práctica del soborno o de los
llamados moches.
47. Ningún funcionario público podrá recibir regalos, cuyo valor
exceda los 5 mil pesos.
48. No se autorizará la contratación de despachos para elaborar
proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y
recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad
profesional de los servidores públicos.
49. En las relaciones comerciales o financieras con empresas
internacionales se dará preferencia a los originarias de países cuyos
gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen, no toleren
las prácticas de sobornos o de corrupción.
50. Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o
extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la
corrupción y causen daño a la hacienda pública. En caso de anomalías
que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a
tribunales nacionales e internacionales; es decir, siempre nos
conduciremos por la vía legal. No actuaremos de manera arbitraria ni
habrá confiscación o expropiación de bienes.
López Obrador indicó que se romperá el molde en la que se hacia la
política tradicional y adelantó que se aplicará, de manera universal,
el artículo 127 de la Constitución, es decir, ningún funcionario de
los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial ganarán más que el
Presidente de la República.
Agregó que se quitarán los fueros para que el Presidente de México
pueda ser juzgado, en funciones, si comete delito de corrupción y así
en todos los casos, se eleva a delito grave la corrupción, sin derecho
a fianza, eso se presentará en el inició de la nueva administración,
además ya no habrá moches en la Cámara de Diputados.